El presidente del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), Máikel Moreno, y el ministro para Relaciones Exteriores,
Samuel Moncada, se reunieron este jueves con el cuerpo diplomático acreditado
en el país para informales sobre los ataques terroristas perpetrados el martes
contra la sede de esta institución y del Ministerio para las Relaciones
Interiores, Justicia y Paz.
Foto: @TSJ_Venezuela |
“Esto nos nos va a amilanar.
Esto se hace para amedrentar a nuestros compañeros magistrados, jueces y juezas
de la República. Esto lo que hace es fortalecernos más, unirnos más para seguir
decidiendo o tomar las decisiones que necesita el país para su estabilidad y
democracia”, expresó.
Moreno recorrió con los
representantes diplomáticos las afueras de la sede del máximo tribunal para
mostrar los daños ocasionados a la infraestructura.
Destacó la importancia de esta
visita en tanto los diplomáticos pudieron constatar la veracidad de las
denuncias que ha realizado el Gobierno.
“Para el TSJ es un placer
recibirlos el día de hoy. El recorrido que hicimos es para que verificara el
mundo lo que sucedió el día martes 27, cuando un grupo de personas muy pequeño
llegó a cometer un acto tan atroz como es el terrorismo”, acotó.
El jefe de seguridad del TSJ,
Jean Carlos Stándford, explicó a los 70 diplomáticos que durante la agresión,
ejecutada por Óscar Alberto Pérez desde un helicóptero, se lanzaron cuatro
granadas, de las cuales tres estallaron y una falló.
“Esas granadas estaban dirigidas
a un grupo de la Guardia Nacional Bolivariana que se encontraba a en las
adyacencias del TSJ, y a escasos 30 metros aproximadamente estaba un centro de
educación inicial, donde estudian hijos de trabajadores del Poder Judicial.
Estos artefactos pudieron estallar en esa institución que alberga a niños en
edades comprendidas entre seis meses y cinco años”, detalló.
Este miércoles, las autoridades
venezolanas activaron medidas de seguridad ante los ataques cometidos desde el
helicóptero Airbus Volcom, modelo 105, siglas CICPC02, que fue sacado
ilegalmente de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota,
en el este de la capital, por parte de Óscar Alberto Pérez.
Este hombre se valió de su
condición de inspector adscrito a la División de Transporte Aéreo de la policía
científica. Mantiene vínculos con la Agencia Central de Inteligencia de Estados
Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) y con el exministro Miguel Rodríguez
Torres, también con contactos con la CIA.
Pérez sobrevoló la sede del
Ministerio y efectuó 15 disparos, mientras allí se encontraban 80 personas que
participaban en un acto en conmemoración del Día del Periodista.
Posteriormente, el helicóptero
se dirigió al TSJ —donde sesionaban magistrados de la Sala Constitucional y un
grupo de trabajadores permanecía en sus oficinas—, efectuó otros disparos y
lanzó al menos cuatro granadas de origen colombiano y de fabricación israelí.
Una de ellas no estalló y fue colectada.
El Gobierno denunció que estos
hechos forman parte de una ofensiva insurreccional adelantada por factores
extremistas de la derecha venezolana, con apoyo de gobiernos y poderes
extranjeros, con la pretensión de derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Varios países han condenado
estos ataques terroristas, entre ellos Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba,
Palestina y Turquía, además de 17 naciones de África, así como la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) y distintos movimientos
sociales latinoamericanos.
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