Por: William Serafino
¿La jugada maestra?
El pulso político que determina la intensidad del conflicto
venezolano yace fuera de nuestras fronteras. Es precisamente desde ahí donde
EEUU a través de su Departamento de Estado emplea buena parte de sus cartuchos
políticos y diplomáticos intentando comandar la región en contra de Venezuela.
Foto: Misión Verdad |
El espacio original para impulsar esta estrategia, por
alineación geopolítica y copyright, es la OEA. Sea por medición costos
políticos o para evadir la mala fama que lo acompaña, Estados Unidos ha
utilizado a sus aliados en la región para intentar forzar un consenso regional
en pro de intervenir a Venezuela.
Y ya ese término cambió en forma más no en sustancia en el siglo
XXI: las bombas se sustituyen por los planes de reforma económica y social
estilo Brasil, el sabotaje por la infiltración y control sobre fichas del poder
judicial, y los marines por bandas armadas alimentadas con el tobogan del canal
humanitario.
Detrás del celofán del lenguaje diplomático y los eufemismos del
“grupo de contacto” a Venezuela se le presiona para que comparta junto a
Colombia, México, Brasil y otros el estatus de colonia, ante la afrenta que
significa no estar ajustada a los dictámenes civilizatorios que personifica
Trump.
Que abra su territorio al narcotráfico, la trata de humanos, el
desempleo programado, las maquilas, todas expresiones de la voracidad de las
corporaciones instaladas como los verdaderos gobernantes de los países que
enfilan sus baterías contra el país.
Ya son 6 las reuniones en los últimos tres meses de violencia
política, contando dos Reuniones de Cancilleres (una de ellas en el marco de la
Asamblea General del organismo) y otras extraordinarias del Consejo Permanente,
en las que esta estrategia de intervención política no ha resultado exitosa por
la incapacidad de aprobar una resolución de mayoría abrumadora.
La última sesión del Consejo Permanente del 26 de julio también
corrió con la misma suerte.
El bloque caribeño representando por Caricom, junto a países
como Bolivia, Nicaragua, Ecuador, El Salvador y República Dominicana, 19
miembros de la OEA en total, en cada una de estas reuniones han mantenido como
prioridad el llamado al diálogo y al respeto de la soberanía de Venezuela,
constituyendo una piedra de tranca para los planes injerencia de EEUU.
Ante esta situación han tenido que flexibilizar el tono y tratar
de armar un consenso confiable a partir de posturas, en apariencia suaves, que
aglutine a los países del Caribe. Un “diálogo” traducido en extorsión, pues lo
único que ofrecen son salvoconductos y rendiciones. Sobre estas intenciones un
amplio bloque de países de mantiene escéptico.
La Constituyente: la línea roja
El 1 de mayo el presidente Nicolás Maduro convoca a una Asamblea
Nacional Constituyente. Arrojando una nueva ficha en el tablero cambia la
naturaleza del escenario político y sube las apuestas al antichavismo.
EEUU marca el 15 de julio la Constituyente como una “línea
roja”, en palabras de Ileana Ros, congresista republicana del lobby anticubano
y artífice de las sanciones contra Venezuela.
Dos meses antes la OEA había convocado en una misma semana dos
reuniones para definir la fecha de la Reunión de Cancilleres en la
que se abordaría, nuevamente, el tema Venezuela. Días antes de su convocatoria
el Secretario del Tesoro de la Administración Trump, Steven Mnuchin, anunciaba
sanciones contra Magistrados del TSJ.
El gesto fue claro: EEUU no esperaría al resultado de la Reunión
de Cancilleres ni las posturas del antichavismo para tomar medidas unilaterales
e involucrarse más frontalmente en el conflicto venezolano.
No faltaron las amenazas contra países del Caribe y
Centroamérica, tales como Haití, República Dominicana y El Salvador, a quienes
amenazaron con restringirle las ayudas financieras y reducir la cooperación en
distintos ámbitos.
En medio de la Asamblea General de la OEA en México, donde se
centralizaron los esfuerzos en condenar la Constituyente, altos funcionarios
del Departamento de Estado, incluyendo al Sub Secretario para el Hemisferio
Occidental John Sullivan, declararon abiertamente que a los gobiernos del
Caribe los presionaban desde la Casa Blanca para votar en contra de Venezuela.
Nuevamente el bloque caribeño fue protagonista en frenar una
resolución opaca y no discutida con anterioridad, que pretendía cercar al
Gobierno, aislarlo de sus aliados y conducirlo a la fuerza a un escenario de
extorsión y secuestro político.
Un mes antes, dirigentes opositores celebraban que supuestamente
Venezuela entraría como tema de discusión en el Consejo de Seguridad de la ONU,
de mano de la embajadora gringa Nikki Haley. Versión refutada por la misma
realidad, pues nunca fue un tema de discusión de esta instancia.
Dice bastante de la debilidad de generar consensos ese amague de
autoridad en la ONU, como el hecho de volver a tratar el tema venezolano en una
instancia menor luego de haber sido centro de la Asamblea General de la OEA.
Sólo 12 países de la región acompañan a EEUU en condenar la
Constituyente, ese fue el resultado del último Consejo Permanente. Los
principales activos políticos del antichavismo (“magistrados” y gobierno
paralelo) no han concurrido a masivas muestras de apoyo en la región,
Camino propio, intereses propios
El tiempo apremia, la Constituyente se acerca y el infructífero
trabajo de tres meses no se resolverá en cuestión de días. No queda tiempo para
construir fachadas o sostener máscaras.
Posterior al fraude plebiscitario del antichavismo el 16 de
julio, casi en simultáneo, la Unión Europea y la Casa Blanca amenazan con
sanciones en Venezuela por los comicios del 30 de julio.
Resaltan dos elementos en días posteriores: la Unión Europea
luego de la amenaza llamó al diálogo, mientras que Estados Unidos se
afincó en que las sanciones serán financieras sobre el sector
petrolero y con consecuencias devastadoras para la economía y población
venezolana, posición estimulada principalmente por Marco Rubio, Ileana Ros y
otros artífices de las sanciones contra el país.
La diatriba mediática y opinológica sobre las consecuencias
negativas que traerían esas medidas, incluso algunos reputados nombres como
Moisés Naím y Andrés Oppenhaimer alertaron que ayudaban a Maduro en la esfera
internacional, duraría poco.
En medio de la sesión del Consejo Permanente de la OEA e
independientemente de las opiniones del antichavismo, el Departamento del
Tesoro sancionó a dirigentes políticos y funcionarios venezolanos, en su gran
mayoría ubicados en áreas de defensa, derechos humanos y finanzas (como el
Defensor del Pueblo, Ministro de Interior y Vicepresidente de Pdvsa):
justamente las fibras del Estado venezolano más atacadas en este ciclo de
violencia política y armada.
Los ejemplos de intervención y no convencional en países como
Libia, Siria, Irak o Yemen, dan cuenta de que EEUU sanciona altos funcionarios
del Estado, ejecuta embargos y bloqueos financieros selectivos y ataca sectores
claves de la economía (como sucede con Irán y Rusia al mismo tiempo que en
Venezuela) en países donde está decidido a elevar hostilidades políticas a tal
punto que puedan deriven en un conflicto armado.
La guerra es una industria y las corporaciones armamentísticas y
petroleras no piensan detener sus líneas de producción, menos en el país con la
principal reserva petrolera del mundo y de gas y oro, coltán y diamantes de la
reigón. La denominada “La Resistencia” sería sólo el trailer según sus
aspiraciones.
Al no haber tiempo para construir una fachada para la
intervención, EEUU toma la batuta contra Venezuela y la gestión directa de las
agresiones. Y en el marco en el cual se desarrolla esta decisión se encuentra
una Administración Trump desdibujada y sin norte geopolítico, desmembrada en su
accionar y fuertemente condicionada por sectores radicalizados, con capacidad
de influencia en decisiones de política exterior con respecto a zonas sensibles
del planeta.
A los que por cierto no les interesa la opinión de los
dirigentes antichavistas, de la OEA o de la Unión Europea, ni de la clase media
que tranca calles e impide el libre tránsito, como tampoco las graves
consecuencias sociales que traerían las sanciones prometidas. Es su propia
“Hora Loca”, con consecuencias demoledoras.
Misión Verdad
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