La figura de un “gobierno de unidad nacional” ha estado presente
desde 2002 en el modelo conspirativo desarrollado por la oposición
antichavista, y su principal exponente y articulador ha sido el padre jesuíta y
exrector de la UCAB, Luis Ugalde.
Sin embargo, el recurso no es original de Ugalde, sino que forma
parte de la metodología del llamado “golpe suave”, desarrollada por el
investigador estadounidense Gene Sharp, cuyos manuales sobre cómo derrocar un
gobierno utiliza toda la oposición venezolana.
El lunes, nuevamente los partidos de la MUD informaron que para
hoy anunciarán acuerdos para la creación de un gobierno de unidad nacional,
como parte de un conjunto de acciones para presionar al gobierno del presidente
Nicolás Maduro a dar marcha atrás en su convocatoria a una Asamblea Nacional
Constituyente.
El anuncio, realizado por el diputado Freddy Guevara, dirigente
del partido Voluntad Popular (de Leopoldo López), ocurre tras cerca de dos
meses de planteamientos públicos de políticos y organizaciones gremiales
opositoras, invocando la supuesta necesidad de un gobierno de transición o de
unidad nacional.
Por supuesto, se trata de la ejecución, según argumentan, del
mandato obtenido tras el llamado “plebiscito” realizado el domingo, y cuya
formación está contemplada en la tercera pregunta.
Antes del inicio del conflicto violento, que arrancó en abril,
el dirigente socialcristiano Eduardo Fernández declaró que urgía un clima de
unidad nacional, como una especie de preámbulo a los reiterados llamados,
semanas más tarde, para ir más allá.
A finales de abril, Henrique Capriles, le declaró a la BBC que
no descartaba “la formación de un gobierno de Unidad Nacional para superar la
crisis sociopolítica que atraviesa” Venezuela.
En abril también, pero a principios de mes, el gobernador de
Lara, Henri Falcón, decía en un comunicado que “es necesaria una negociación
para lograr un acuerdo político en el país que nos convoque a una transición
democrática”. El mandatario regional insistió en su propuesta, hace poco más de
un mes, al declarar que “es posible lograr un gobierno de unidad nacional si
dejamos de lado la mezquindad e intereses partidistas”.
El 21 de junio, la coalición opositora llamó a la desobediencia
civil, y aseguró que el propósito de la misma era “construir un gobierno de
unidad nacional, no de la oposición”, que incluiría “a todos los que respetan
la Constitución, vengan o no del oficialismo”.
Dos días antes, el padre Ugalde había publicado un artículo en
el que exponía detalles de ese gobierno de transición. Precisaba que tal
gobierno debía tomar excepcionalmente medidas de emergencia y convocar a
elecciones democráticas, previa remoción de los magistrados del TSJ y de los
rectores del CNE, considerados como pro-chavistas.
Sin embargo, Ugalde no dudó en aportar datos que revelan la
verdadera naturaleza de la llamada transición. El más llamativo es el
señalamiento de que “sería un grave error pensar en elecciones inmediatas”.
Antes, sería necesario “atender con apoyo internacional la
creciente emergencia humanitaria propia de una postguerra, liberar a todos los
presos políticos, abrir el regreso de los exiliados, convocar a los empresarios
a la activación de la emergencia productiva y atraer a los inversionistas con un
nuevo espíritu democrático, libre iniciativa y garantías jurídicas. Urgen el
refinanciamiento de la deuda y multimillonarios préstamos económicos para
insumos productivos y para necesidades vitales de consumo.”
Y así, sin mucho recato, revela el carácter neoliberal y
proempresarial de esa unidad nacional para la transición, donde las elecciones
se postergarían hasta un año.
Pero no se crea que los acuerdos se limitan a un programa de
emergencia. Antes de los comicios, los distintos factores de poder tendrían que
firmar una especie de Pacto de Gobernabilidad, que contemple el reconocimiento
para quien triunfe, así como un programa básico de salvación nacional y de
reconstrucción, de no menos de 10 años, apoyado por gobernantes y opositores
democráticos.
Nótese dos puntos. Uno, el plazo largo para mantener las
políticas procapitalistas de al menos una década, y dos, la condición
democrática de los opositores, definida por firmar ese pacto. Un chavismo
anticapitalista o con propuestas alternativas no tendría cabida allí.
Queda muy claro para el sacerdote jesuita que el presidente
Maduro no formaría parte de ese gobierno, pese al argumento de unidad nacional.
Y los llamados sectores del chavismo serían sus aliados actuales, que insisten
en denominar y posicionar en el escenario global como el “chavismo crítico”.
La visión de Gene sharp
El filósofo gringo Gene Sharp, propone la creación de “gobiernos
paralelos” en su libro “De la dictadura a la democracia”.
Explica que tal estructura funcionaría de manera creciente como un gobierno rival, al cual la población y las instituciones de la sociedad le prestarían lealtad, obediencia y cooperación.
Eventualmente, podría reemplazar plenamente al régimen sometido
al ataque, lo que formaría parte de la transición a lo que denominan la
democracia.
Y tal como lo explica el sacerdote Ugalde, Sharp comenta que “a su debido tiempo entonces, se adoptaría una Constitución y se celebrarían elecciones como parte de la transición.” Sin duda, esa no es la prioridad.
Asimismo, Sharp se refiere al aspecto económico y advierte que
“hay que cuidar que los malestares económicos de veras podrán remediarse”,
luego de que termine el gobierno que se busca derrocar.
Si no, “la desilusión y el descontento cundirán, a menos que se
provean soluciones rápidas durante el período de transición”.
Múltiples acuerdos de transición
A lo largo de los años, en Venezuela cada evento conspirativo ha
estado conectado con documentos que sustentan la necesidad de un acuerdo
nacional para el establecimiento de un gobierno de transición. Esto está
sustentado en la pretensión de una inmediata caída del chavismo.
Así, durante todo el año 2016, los distintos voceros de la MUD
hablaban de gobierno de unidad nacional, gobierno de transición y hasta
gobierno de emergencia, tras la esperada y reclamada renuncia de Maduro, o
cualquiera fuera la salida planteada.
En febrero de 2015, un intento de golpe militar, con efectivos
de la Aviación Bolivariana, que se conoció como el “golpe azul”, produjo un
detallado Acuerdo de Transición, que fue firmado por los jefes de los
principales partidos políticos opositores.
En julio de 2016, Ugalde describía como apocalíptica y de
ruptura con el marco constitucional, la propuesta de un gobierno de transición
que había presentado. En síntesis, una transición tan corta como de tres meses,
y dirigida concretamente a atender la emergencia inmediata y a hacerle una “cirugía
mayor a la economía”.
En diciembre pasado, le agregaba a su plan “un resquebrajamiento
militar”.
Y ahora, en julio de 2016, la tan invocada transición todavía no
termina de empezar.
Ugalde, el artífice del
“Carmonazo”
La fotografía ya es un clásico de la política venezolana. Pedro
Carmona Estanga a la izquierda y Carlos Ortega, presidente de la CTV (principal
central sindical de la época), a la derecha.
El entonces rector de la UCAB se convertía en el factor de
unificación de las cúpulas empresariales y laborales en marzo de 2002. Faltaban
escasos 36 días para el golpe militar que sacó a Hugo Chávez del poder, durante
casi tres días, además de ponerlo al borde de la muerte.
Las bases para un acuerdo democrático se firmaron en la Quinta
La Esmeralda, una afamada agencia de eventos, y no en una casa particular, como
su predecesor, el Pacto de Punto Fijo.
En 10 puntos se establecieron las definiciones para asegurar la
gobernabilidad tras la salida, inevitablemente, del mandatario de entonces del
poder.
Pero el 11 de abril, quien se adjudicó la Presidencia fue el
empresario, mientras que el sindicalista quedó por fuera. Esa clase de pactos
solo reconoce a los dueños del capital.
Ciudad Caracas
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