Aproximadamente
a las 11:40 de la mañana de este martes, la Sala Plena del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), presidida por el magistrado Maikel Moreno, inició la audiencia
para el antejuicio de mérito de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega
Díaz. En la actividad participaron el diputado Pedro Carreño, quien
solicitó el procedimiento ante el Poder Judicial; el presidente del Consejo
Moral Republicano, Tarek William Saab y el Contralor General, Manuel Galindo.
También estabana convocada Luisa Ortega Díaz, quien descartó presentarse. La
audiencia finalizó poco antes de las dos de la tarde; el TSJ se tomará cinco
días para publicar su decisión.
La
defensa de Ortega Díaz fue asumida por la Defensa Pública a través
de Javier Hernández. El Defensor Público señaló que, ante la no
compadecencia del acusado o de defensores privados, es normal que la Defensa
Pública asuma su defensa y representación.
El diputado Pedro Carreño, en su
intervención como solicitante del antejuicio de mérito, señaló que “vivimos
en un golpe de Estado en pleno desarrollo, con la metodología vivida en países
árabes, en Europa del Este y en otros países por razones eminentemente
petroleras, como es el caso de Irak, Libia, el asedio en Irán, la guerra civcil
y el asedio en Siria. Y ahora, otro país petrolero recibe inclementemente el
ataque para cambiar con formas ilegales su manera de gobierno. Los planes de la
derecha internacional no son legales ni constitucionales”.
Señala que, si la derecha llegara al
poder “en un ejercicio de pesadilla” por vías legales y del voto, no pódrían
ponerle las manos a las riquezas venezolanas, por lo que necesitan hacerlo de
una forma inconstitucional.
Indicó el diputado que el principio de
independencia de los poderes, según la Constitución, implica la cooperación
entre los poderes y no la confrontación o el antagonismo entre los mismos. “Eso
es una anarquía, eso no es democracia. Por tanto, esa conducta se asume para
decir que el Estado de derecho fracasó y que hay un conflicto de poderes”.
Señaló que el Ministerio Público, una
institución dentro de uno de los poderes, ha asumido el papel del conflicto
constante.
- Atentar contra la respetabilidad del Consejo Moral Republicano (CMR). Luisa Ortega Díaz señaló públicamente que no avaló la elección de magistrados el 23 de diciembre de 2015, afirmaciones que fueron negadas por el presidente del CMR, Tarek William Saab, ofreció pruebas que dan cuenta de la participación de la Fiscal en este proceso. Señala que es una falta grave al pretender desprestigiar al CMR incurre en violaciones de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. “Para ello, solicité copia certificada de las pruebas mostradas por el Defensor del Pueblo”, dijo el diputado. “Ortega dijo que ella no sabía cómo este ciudadano, Pedro Carreño, obtuvo las pruebas”. Ante ello, mostró la comunicación enviada por Carreño a Saab haciendo la solicitud de las pruebas, incluyendo la convocatoria a la reunión para la selección de magistrados, acta de las sesiones. Solicitó que el Dr. Angel Vargas, presente en la sala, sea citado como testigo de excepción y pidió se diga quién solicitó su exclusión. También solicitará a un experto grafólogo que valide la firma de la Fiscal General en los diferentes documentos.
- Hacer constar hechos que no existieron. Violó el
artículo 22, numeral 9 de Ley Orgánica del Poder Ciudadano, cuando
pretender hacer constar que no participó en el proceso de selección de los
magistrados, haciendo saber de esto 2 años después, lo que compromete su
ética, y que fue desmentido categóricamente con pruebas por el Presidente
del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab. Acotó que han sido
abundantes las actuaciones del Ministerio Público ante los magistrados que
ella hoy declara como ilegales, mostrando que los reconoce. Pero después,
“cumpliendo el giuón del golpe de Estado”, señala desconocerlos
públicamente. “Allí hay una gran contradicción”.
- Violar, amenazar o menoscabar principios de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
- Realizar activismo político-activista, gremial o
de índole semejante: denunció que permitió que un grupo de fiscales, en su
presencia o con su aprobación, gritaran a viva voz: “¡Este gobierno va a
caer!”, y otros fiscales tenían la bandera al revés, faltando el respeto a
un símbolo patrio
También criticó que no se ha pronunciado ante los
ataques a las redes de alimentos, el ataque con un helicóptero al TSJ, la quema
de personas vivas, lo que prefigura una contradicción al deber ser.
Señaló que ella ha acusado a magistrados de ser ilegales, cuando ella no
tiene atribuciones para ello. El derecho de palabra fue de exactamente 20
minutos, y Carreño no pudo culminar su exposición.
Posteriormente continuó el Defensor
Público, Javier Hernández. “Tiene la facultad la Fiscal General de
solicitar un antejuicio de mérito contra los magistrados, por lo que no puede
considerarse arbitraria o temeraria su actuación, como lo describe el
solicitante”, indicó. En su segundo derecho de palabra, indicó que se han
introducido nuevos elementos en el juicio y solicitó el sobreseimiento de la
causa contra Ortega Díaz.
Saab: La Fiscal
General no reconoce al TSJ pero sus fiscales sí lo hacen
El Presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab, se refirió a las declaraciones de la Fiscal General, quien señaló que no acudiría a la audiencia en el TSJ, calificando a los magistrados de ilegítimos, írritos y con una serie de descalificativos e insultos. Sin embargo, Saab mostró su extrañeza de que, simultáneamente a que la titular del Ministerio Público desconoce la majestad del Tribunal Supremo de Justicia, sus fiscales sí trabajan con el máximo Tribunal y presentan recursos ante sus diferentes salas, lo que implica un reconocimiento del mismo y debe constar en acta.
El Presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab, se refirió a las declaraciones de la Fiscal General, quien señaló que no acudiría a la audiencia en el TSJ, calificando a los magistrados de ilegítimos, írritos y con una serie de descalificativos e insultos. Sin embargo, Saab mostró su extrañeza de que, simultáneamente a que la titular del Ministerio Público desconoce la majestad del Tribunal Supremo de Justicia, sus fiscales sí trabajan con el máximo Tribunal y presentan recursos ante sus diferentes salas, lo que implica un reconocimiento del mismo y debe constar en acta.
La misma Fiscal General, hasta hace unas
semanas, hacía acto de presencia en el Tribunal, dándole reconocimiento al
máximo Tribunal y sus magistrados, acotó Saab.
También indicó que, durante el juicio,
probará con documentos originales su presencia en las reuniones de elección de
los magistrados del TSJ en 2015, y todo el país la vio cuando se instaló el año
judicial apenas un mes después, en enero de 2016, donde ella asistió y avaló la
designación de todos los magistrados. “De hecho, también asistió a la
instalación del año judicial en 2017”, indicó.
Indicó que solicitará “la prueba de la
verdad” o “el detector de mentiras” ante las afirmaciones de Ortega Díaz de que
no fue citada para las sesiones de preselección de candidatos a magistrados del
TSJ.
Presentó el documento original, emanado
de la presidencia del Consejo Moral Republicano con fecha del 10 de diciembre
de 2015, convocando a Ortega Díaz a la reunión el 16 de diciembre de 2015 en el
Salón de Sesiones del CMR, “a fin de tratar como punto único el proceso de
preselección de candidatos a magistrados del TSJ”. Fue recibido el 10 de
diciembre a las 9:44 am.
Indicó que, en dicha reunión del 16 de
diciembre, ninguno de los tres miembros del CMR consignó voto en contra o
salvado, pues de haber sido emitido constaría tanto en acta como en los medios
de comunicación. “Hubiera sido un hecho comunicacional”, explicó el Defensor
del Pueblo.
Afirmó Saab que el mentir de esa manera
prefigura como una “falta grave”, según la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.
Ortega Díaz indicó que no firmó en ese
momento y que lo haría “posteriormente”, según Saab. Nunca lo hizo. Saab
señaló que, en una entrevista de Ortega Díaz a NTN24 que consignará al
tribunal, ella indicó que la no firma “fue un acto consciente”, lo que
demuestra “su planificada conducta dolosa para lesionar la institución para la
cual trabajaba” como secretaria del CMR.
Si bien en el acta original no se
plasmaron las firmas, Saab señaló que, en el acta 2 de la sesión ordinaria
del CMR del 21 de enero de 2016, “se deja constancia que nos reunimos para dar
lectura al acta de la sesión del 16 de diciembre de 2015”, la cual fue leída y
aprobada por unanimidad de los miembros del Poder Ciudadano. En esa
reunión de enero de 2016 no fue denunciado ningún tipo de vicio en el acta de
la reunión del 16 de diciembre de 2015, donde se preseleccionaron a los
candidatos y candidatas a magistrados del TSJ, “lo que la hace válida y señala
la conformidad de la Fiscal General”.
Saab también mostró el libro de actas
original del año 2015, donde se transcribió el acta 25 del 16 de diciembre de
2015, que le dio “cualidad jurídica inapelable” a esa reunión. En ese libro se
puede ver la firma de la Fiscal General, del Contralor Manuel Galindo, del
propio Saab y de la Secretaria del CMR para la época.
“Hemos tenido que colocarle un teipe a
esta hoja. Estuvo a punto de ser arrancada poque estaba guindando acá. ¿Quién
hizo eso, exprofeso? Iban a quitar esa hoja”, denunció. Señaló que tuvieron que
colocar el libro “en un cofre bajo llave”.
El Defensor del Pueblo denunció que hubo
un hurto de los documentos originales de los archivos del
expediente. Mostró tres tuits de Alexander Duarte, periodista y esposo de
la que fue secretaria del CMR, María José Marcano, en el que se publican
documentos originales que no están en el archivo del Consejo Moral Republicano.
Solicitó pruebas grafotécnicas a las
fiurmas de Ortega Díaz, de Manuel Galindo y suya, en los documentos en
cuestión.
Galindo solicita “careo de testigos”
Manuel Galindo, contralor General de la
República, consignó el documento CMR-2015-510 donde se le convocó a la reunión
para la preselección de magistrados. Indicó que el acta 25 con fecha del
16 de diciembre de 2015, donde consta que sí se celebró la sesión convocada
para ese día a las 2 de la tarde, no tiene la firma de Luisa Ortega Díaz ni la
de la secretaria ejecutiva permanente, María José Marcano.
Indicó que la Fiscal General, el
Defensor, la Secretaria Ejecutiva del CMR y su persona estuvieron presentes,
pero a las 8:30 de la noche, la Fiscal General solicita, alegando “cuestiones
propias de su despacho”, que posteriormente firmaría el acta en cuestión. Como
dijo el Defensor posteriormente, eso no sucedió. “El Defensor y mi persona
dimos la anuencia, ajustada a estricto derecho: quedaba a responsabilidad de la
Secretaria Ejecutiva recoger las firmas que faltaban, suscribir ella el acta y
transcribirla en el libro respectivo”, tal como lo señala el artículo 19 de la
Ley Orgánica del Poder Ciudadano.
Galindo se mostró de acuerdo con la
solicitud, pero también pidió “que nos sometan a los cuatro”, incluyendo a
Ortega Díaz, a Saab, a la secretaria ejecutiva y a su persona, “a un careo de
testigos para que la ciudadana Ortega Díaz, frente a nosotros, viéndonos a la
cara, desmienta que esa reunión se llavó a cabo”.
También consignó el acta número 2 con
fecha 21 de enero de 2016, en la que se ratificó la lectura del acta de la
reunión anterior, del 16 de diciembre de 2015. Se hizo lectura del ata donde
faltaba la firma de la Fiscal General y la secretaria ejecutiva, y los cuatro
suscribieron el acta, dándole plena validez a lo acordado en la reunión del 16
de diciembre de 2015.
Procedimiento contra exsecretaria
ejecutiva del CMR
Por otro lado, Galindo solicito iniciar un procedimiento contra María José Marcano, exsecretaria ejecutiva del CMR, pues la Ley Orgánica del Poder CIudadano “la obliga a estar pendiente de la veracidad y legitimidad de las actas que allí se llevan, de la transcripción en el libro de actas y de la custodia y el cuido de todos los documentos que, de acuerdo al artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, son de reserva oficial”.
Por otro lado, Galindo solicito iniciar un procedimiento contra María José Marcano, exsecretaria ejecutiva del CMR, pues la Ley Orgánica del Poder CIudadano “la obliga a estar pendiente de la veracidad y legitimidad de las actas que allí se llevan, de la transcripción en el libro de actas y de la custodia y el cuido de todos los documentos que, de acuerdo al artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, son de reserva oficial”.
Negó que el Defensor o él como Contralor
“estuvieran al tanto de los vicios”. La secretaria tiene obligaciones plasmadas
en una ley orgánica, que ella debe cumplir de manera voluntaria y de apego a la
institucionalidad. Marcano dijo que “tuvo que ausentarse del país por la
situación que vive el país”, lo que, en su opinión, es una violación flagrante
del artículo 1 de la Constitución, que ella violó dando declaraciones desde un
país extranjero en contra de altos funcionarios y órganos importantes del
Estado venezolano. “Por tal motivo, solicito que se sustancie toda esta
denuncia contra la ciudadana María José Marcano, exsecretaria Ejecutiva
Permanente del Consejo Moral Ciudadano”.
Moreno declaró finalizada la audiencia y
señaló que, en cinco días, publicarán su decisión.
Alba Ciudad
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